Según ha anunciado el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, la Administración “recuperará el 70 % de ese 15 % que se redujo en 2012, con la intención de restaurar el resto el año que viene, siempre que las circunstancias económicas y presupuestarias lo permitan. Esta medida beneficiará a las 24.000 personas que reciben esta prestación y significará ya en 2018 un aumento del gasto para prestación de cuidados en el entorno familiar por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que rondará los cinco millones de euros”.

 

Además, a través de la colaboración con el CERMI Castilla y León, la Junta ha promovido otras medidas como la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad de Castilla y León; el Protocolo, de abril de 2015, para impulsar el Modelo de mejora para la atención a las personas con discapacidad en Castilla y León, que tiene como idea básica la atención centrada en la persona y fomenta la figura del asistente personal; el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de las personas con discapacidad en Castilla y León, 2016/2020, dotado con 752 millones de euros; el desarrollo de programas para la atención a las personas con discapacidad, y la constitución de la Sección de Atención a Personas con Discapacidad del Consejo de Servicios Sociales.

 

 

Herrera ha anunciado esta medida en el acto de bienvenida de las primeras cinco personas con discapacidad intelectual que desde hoy se incorporan como laborales fijos a la Administración de la Junta de Castilla y León. Se trata de cuatro mujeres y un hombre, que prestarán sus servicios en los CAMP de Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora, y en la sede de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca.

 

En el acto de bienvenida han participado el presidente del CERMI CyL, Francisco Sardón; el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.

 

Estas primeras contrataciones se producen como fruto de la primera convocatoria específica en este sentido convocada por la Junta en 2017 por el Convenio firmado con el CERMI en 2010 para sacar una convocatoria específica para personas con determinadas discapacidades.

 

Además, se producen tras una fase de trabajo y apoyo con estas personas ya que, una vez superado el proceso selectivo, han contado con un proceso de acogida y acompañamiento por parte de los técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para facilitar la incorporación, la integración y el desarrollo de sus funciones. Este proceso tiene una serie de fases como la preparación previa, en la que se identifican los integrantes del círculo de apoyo al trabajador; el análisis del puesto, con la descripción de tareas, habilidades, etc.; la acogida; el seguimiento con evaluación del trabajador, el responsable del centro y resto de compañeros y la gestión de apoyos para la vida independiente.

 

La Junta también ha comunicado que “va a dar continuidad a esta iniciativa, con una nueva convocatoria similar a esta en septiembre, en la que se ofertarán doce plazas”. Además, los aspirantes que no sacaron plaza en esta ocasión, pasan a formar parte de una nueva bolsa de empleo para plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual.